Pese al reclamo del Gobierno nacional, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó concederle el arresto domiciliario al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime.

Los jueces de la sala III del máximo tribunal penal del país sostuvieron que "la situación del peticionante no encuentra sustento en ninguna de las causales legalmente establecidas como para acceder a la solicitud de arresto domiciliario".

Al solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, la defensa de Jaime había señalado que su condena por la tragedia de Once no estaba firme porque aún está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema y que el ex funcionario es "población de riesgo" frente al avance del coronavirus.

Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci sostuvieron que "más allá del cuadro depresivo" que presenta Jaime, "se encuentra psicológicamente estable, dado que no posee alteraciones de tipo psicótico ni una pérdida en el juicio de la realidad, y que ante ausencia de indicadores de una enfermedad grave, sus patologías pueden ser tratadas intramuros".

Sobre los riesgos de un posible avance de la pandemia sobre la población carcelaria, los magistrados sostuvieron que "esa penosa situación eventual, si bien debe ser debidamente contemplada y analizada en cada caso particular, no puede convertirse per se en una excusa directa de alcance general para disponer libertades o medidas alternativas a la prisión por fuera de los márgenes legales, pues en definitiva, tanto dentro como fuera de un penal todos estamos expuestos".

El fallo de la sala III de Casación también fue firmado por el juez Juan Carlos Gemignani que votó por rechazar el planteo, aunque lo hizo con argumentos propios que sumó a los de sus colegas.

Ayer, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, se había manifestado en contra de la posibilidad de conceder a Jaime el arresto domiciliario al señalar que "dados los delitos por los que se encuentra dictada la sentencia condenatoria" por la tragedia del tren de Once, "el Estado Argentino también se encuentra comprometido internacionalmente a prevenir, detectar y sancionar la corrupción".

El pedido de Jaime causó revuelo porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce el camporista Horacio Pietragalla, se presentó como amicus curiae y solicitó que se conceda a Jaime la prisión domiciliaria, lo que generó críticas de la oposición y alguna tensión entre el entorno de Alberto Fernández y el kirchnerismo duro.

En esta causa, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a ocho años de prisión a Jaime. Además, el ex secretario es sometido a juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito y por la presunta compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras causas penales.